Jonathan García / Palestra
Víctimas de un presunto “cártel inmobiliario” denunciaron ser despojadas de casas, vehículos y negocios mediante fraudes y amenazas. El grupo, supuestamente encabezado por Daniel Soto Basauri y conformado por unas 15 personas, habría inventado deudas y manipulado procesos judiciales para quedarse con los bienes.
La semana pasada, una de las 14 víctimas logró su detención; una jueza ordenó prisión preventiva justificada. Según el abogado Marco Antonio Barrera, las denuncias datan de al menos 2018 y las víctimas fueron seleccionadas sin conocerse entre sí.
El abogado Lorenzo Sánchez Andrade detalló que Soto Basauri falsificaba pagarés en un caso por 700 mil pesos y realizaba emplazamientos en una casa usada como centro de operaciones. También se valía de vacíos legales y de la ignorancia jurídica de sus objetivos.
Entre los testimonios destaca el de un médico familiar, despojado de su vivienda, y el de Ignacio Álvarez, quien en 2022 compró una casa por 800 mil pesos y, tras pagar parte del monto, recibió amenazas para entregar más dinero. La veterinaria Miriam García-González aseguró que Soto Basauri la amenazó de muerte y le exigió 700 mil pesos tras denunciarlo.
Las víctimas agradecieron el apoyo de la fiscal María Manuela García Cázares y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, aunque sospechan que el grupo contó con la complicidad de funcionarios judiciales, sin identificar nombres.
Soto Basauri, presuntamente auxiliado por sus padres y otros cómplices, enfrenta cargos por falsificación de documentos e intimidación. Hay seis meses para integrar más carpetas y se espera la detención de otros implicados, entre ellos un segundo detenido identificado como Gael.