Jonathan García / Palestra
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí expresó su preocupación ante la reciente propuesta del Infonavit que busca regularizar viviendas invadidas mediante un esquema de renta con opción a compra. La organización advierte que esta iniciativa podría poner en riesgo el derecho patrimonial de miles de trabajadores que adquirieron su vivienda de manera legal.
Olga Espitia Lanuza, presidenta local de la AMPI, advirtió que el programa anunciado por el Instituto podría legitimar actos de ocupación ilegal y desalentar el cumplimiento de obligaciones hipotecarias. “Todas las viviendas tienen un propietario, y muchos de ellos enfrentan deudas por causas extraordinarias, pero eso no los convierte en invasores. Necesitamos que el Infonavit se enfoque en apoyar a quienes realmente tienen derechos adquiridos”, afirmó.
La dirigente señaló que en San Luis Potosí se han detectado casos en los que supuestos intermediarios han vendido viviendas aún con propietario legal, generando fraudes, despojos y tensión social. Subrayó que permitir que los invasores accedan a estos inmuebles a bajo costo podría normalizar estas prácticas irregulares, dejando en desventaja a los verdaderos dueños.
Espitia hizo un llamado a las autoridades del Infonavit a definir con claridad los criterios del programa, y a establecer mecanismos de reestructuración viables para los derechohabientes con atrasos en sus pagos, antes que beneficiar a quienes ocuparon inmuebles sin un proceso legal.
Además, denunció que algunos actores están lucrando con la necesidad habitacional, vendiendo casas invadidas o sin certeza jurídica, lo que genera incertidumbre en comunidades enteras y alimenta el crecimiento del mercado informal.
Finalmente, la AMPI reiteró su compromiso con la legalidad y la protección del patrimonio inmobiliario, y urgió a reforzar la profesionalización del sector para evitar abusos tanto a compradores como a propietarios legítimos.