Jonathan García / Palestra
Un grupo de ejidatarios de La Garita de Jalisco se manifestó frente a las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN), ubicadas en el Centro Histórico de San Luis Potosí, para exigir la restitución de aproximadamente 380 hectáreas que, aseguran, han sido despojadas por desarrolladores inmobiliarios con presunta complicidad de jueces agrarios.
Los manifestantes portaron cartulinas y una manta en la que solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para frenar lo que califican como un despojo sistemático de constructoras e inmobiliarias, y garantizar la devolución de las tierras que consideran parte del patrimonio heredado por sus antepasados.
David Cárdenas Aranda, asesor de los ejidatarios, explicó que cerca de 100 miembros de la comunidad resultan afectados pese a contar con fallos judiciales a su favor. Sin embargo, afirmó que los Juzgados del RAN en San Luis Potosí han emitido resoluciones favorables a las empresas desarrolladoras.
El conflicto, detalló Cárdenas Aranda, se originó cuando los ejidatarios prestaron cerca de 800 hectáreas a diversas sociedades y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un punto conocido como “Tlahuixtán”. Posteriormente, al recuperar las tierras, la empresa Desarrollos del Pedregal, vinculada a familias prominentes del sector inmobiliario local, como los Rangel y Carlos “Chato” López Medina, habría constituido sociedades “fantasma” para apropiarse de los terrenos y comenzar desarrollos urbanos, incluyendo proyectos cercanos al Centro de Convenciones.
Los ejidatarios advirtieron que continuarán con movilizaciones hasta que se respeten los derechos sobre sus tierras y se frenen los intentos de despojo por parte de las inmobiliarias.