Dom. May 3rd, 2026

Jonathan García / Palestra

La secretaria de Finanzas del estado, Ariana García Vidal, atribuyó el adeudo que mantiene el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) a una mala administración interna del propio organismo, y no a retrasos en la ministración de recursos por parte del gobierno estatal.

La funcionaria explicó que la Secretaría de Finanzas entregó oportunamente los recursos asignados al CEEPAC; sin embargo, estos fueron utilizados para fines distintos a los previstos, como la liquidación de compromisos internos, dejando pendientes obligaciones básicas, entre ellas el pago de la renta de los inmuebles que ocupa el organismo. “Me da mucha pena comentarlo, pero el administrador o titular de la institución ocupó el dinero en otras cosas y no pagó la renta”, declaró García Vidal.

La secretaria detalló que, aunque el adeudo con los propietarios de los espacios arrendados se ha complicado, no se trata de un incumplimiento del Ejecutivo estatal, sino de una desviación en el manejo del presupuesto por parte de la administración del CEEPAC. Al ser cuestionada sobre posibles responsabilidades, señaló: “Yo creo que sí, pero bueno, ya veremos los tiempos”, precisando que será necesario un análisis detallado para definir las acciones legales o administrativas correspondientes.

Sobre la resolución del pasivo, García Vidal adelantó que se entablarán negociaciones con los arrendadores para regularizar los pagos pendientes, con respaldo del gobierno estatal. “Vamos a tener que hacer negociaciones y pagar”, afirmó.

La situación financiera del CEEPAC se agrava debido a una deuda adicional con el Instituto Nacional Electoral (INE), evidenciando las dificultades económicas del organismo local. Desde la Secretaría de Finanzas, se ha reiterado que no se contempla una ampliación presupuestal, por lo que insistieron en la necesidad de un manejo más riguroso y responsable de los recursos disponibles.

El señalamiento de mala administración se da en un contexto en el que los organismos autónomos, particularmente los electorales, han solicitado mayores recursos para cumplir con sus funciones, mientras que el gobierno del estado sostiene la importancia de ajustarse a lo aprobado en el presupuesto anual.