Jonathan García / Palestra
Tras el reciente caso de abuso sexual en la Facultad de Derecho, todas las facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) han entregado sus pliegos petitorios, exigiendo medidas concretas que garanticen la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo en los distintos planteles.
El movimiento estudiantil, que incluyó manifestaciones y paros de actividades durante varios días, refleja la preocupación de la comunidad universitaria por la atención oportuna a casos de violencia y acoso. Según el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, los estudiantes han mostrado su inconformidad de manera pacífica, mientras que los incidentes violentos fueron aislados y protagonizados por personas externas a la universidad.
En cuanto a los responsables del caso de abuso, las investigaciones indican que uno de ellos es alumno de la institución, mientras que los otros involucrados incluyen a un estudiante más y un externo. La UASLP mantiene coordinación con la Fiscalía para esclarecer los hechos y garantizar que se cumpla el debido proceso.
Entre las principales demandas contenidas en los pliegos petitorios destacan el reforzamiento de la seguridad en todas las facultades y la agilización de los protocolos de atención de quejas. Actualmente, algunos casos han enfrentado retrasos debido a la necesidad de recabar pruebas y respetar los procedimientos legales. La universidad trabaja en un nuevo protocolo que permita atender de manera más rápida y efectiva las denuncias, sin comprometer los derechos de ninguna de las partes.
El rector subrayó que, aunque algunas acciones dependen de recursos o de instancias externas, la administración universitaria se compromete a crear un ambiente seguro y respetuoso para todos los integrantes de la UASLP. Además, destacó la importancia de fomentar valores y principios desde el diálogo y la educación para prevenir situaciones de riesgo.
Con la entrega de los pliegos petitorios, la universidad da un paso firme para atender las demandas de la comunidad, mejorar la seguridad en sus instalaciones y garantizar que los procesos de denuncia sean más eficientes, buscando generar un entorno de confianza y tranquilidad para toda la comunidad académica.