Jonathan García / Palestra
Con el respaldo de las secciones 26, 52 y 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el diputado de Nueva Alianza, Crisógono Pérez López, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo, con la que se busca ofrecer respaldo jurídico y acompañamiento institucional a docentes frente a denuncias infundadas o casos de acoso laboral.
El legislador explicó que la propuesta fue elaborada junto con los dirigentes sindicales Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Elizabeth Viviana Guerrero Milán y María del Rosario Villaseñor Oliver, con el propósito de que las y los maestros “tengan una verdadera protección legal ante procesos injustos o amenazas derivadas del ejercicio de su función”.
La iniciativa, integrada por 31 artículos, establece como principios el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la protección integral del personal docente y administrativo. Define como criminalización injustificada cualquier sanción o procedimiento sin fundamento legal, y como queja maliciosa aquella que tenga como fin afectar la reputación o estabilidad del trabajador.
Entre sus disposiciones, la propuesta contempla que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) brinde asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento gratuito a los trabajadores afectados, además de prever medidas de restitución para quienes sean víctimas de denuncias falsas.
Durante la presentación de la iniciativa, los dirigentes sindicales destacaron que el magisterio vive una etapa de vulnerabilidad frente a denuncias sin sustento y procesos mediáticos que dañan su imagen. “No puede ser que siempre el maestro pague las consecuencias”, expresaron, al referirse a casos de profesores sancionados o encarcelados por accidentes ocurridos dentro del aula.
La dirigente de la Sección 61 del SNTE, María del Rosario Villaseñor, subrayó que el proyecto “no es solo un documento, sino un acto de justicia para miles de trabajadores que han sido ignorados o castigados por defender lo correcto”. Señaló que en algunos planteles tecnológicos se han registrado episodios de hostigamiento y represalias contra personal docente y administrativo que denuncia irregularidades.
La ley también incluye un procedimiento especial para atender denuncias falsas, que obliga a realizar una evaluación preliminar antes de iniciar procesos administrativos, garantizando la confidencialidad y la presunción de inocencia. En caso de comprobarse dolo, se aplicarán sanciones administrativas o penales.