Jonathan García / Palestra
La operación de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) se ha convertido en uno de los principales retos ambientales y financieros para los municipios de San Luis Potosí. El director estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, advirtió que el problema no es técnico, sino presupuestal, pues mantener y modernizar estas instalaciones implica costos que rebasan la capacidad económica de las tesorerías municipales.
La urgencia crece conforme se acerca 2027, año en que entrará en vigor una nueva Norma Oficial Mexicana que elevará los estándares del tratamiento de aguas residuales. La actual, la NOM-001, solo estará vigente hasta ese año, por lo que los municipios deberán adecuar su infraestructura para evitar sanciones y riesgos sanitarios.
“El cambio de norma será más estricto y aplicará tanto a plantas municipales como privadas”, señaló González Castillo, quien subrayó que la función de Conagua no se limita a revisar si una planta opera, sino a garantizar que el agua devuelta a los ríos y arroyos cumpla con la calidad establecida.
Entre los casos más críticos, destacó la planta Birmania, en Ciudad Valles, que actualmente opera al 60 por ciento de su capacidad y se encuentra “al límite” del cumplimiento normativo. Conagua mantiene coordinación con el alcalde Daniel Medina y con un diputado federal del distrito para gestionar recursos que permitan su rehabilitación antes de que entren en vigor los nuevos estándares.
En contraste, en Río Verde la PTAR opera dentro de los parámetros actuales, y el ayuntamiento ya inició adecuaciones para reducir coliformes fecales y adelantarse a la nueva regulación. “Este tipo de acciones preventivas son las que queremos impulsar en todos los municipios”, comentó el funcionario.
El panorama es distinto en el sector privado, donde empresas como BMW y Continental no solo cumplen con la norma vigente, sino que algunas ya operan bajo los criterios de la futura regulación, demostrando que la tecnología está disponible, aunque su adopción en el ámbito público sigue limitada por falta de recursos.
A través del programa PROAGUA, Conagua busca canalizar recursos y asistencia técnica hacia los municipios que muestran disposición para invertir en el saneamiento. González Castillo destacó los avances en Zaragoza y Armadillo de los Infante, donde se han impulsado proyectos para mejorar la eficiencia del tratamiento, pese a los presupuestos restringidos.