Jonathan García / Palestra
A casi un año de la despenalización de la Interrupción Legal, Voluntaria e Informada del Embarazo (ILE) en San Luis Potosí, la Colectiva ILE denunció que el acceso al servicio sigue siendo limitado, pues persisten obstáculos como la falta de personal no objetor de conciencia y la negación del procedimiento en hospitales públicos.
De acuerdo con una verificación realizada por el colectivo, aunque los Servicios de Salud reportaron nueve unidades médicas habilitadas para practicar la interrupción del embarazo, en algunos casos —como el Hospital General de Soledad (IMSS-Bienestar)— no se realiza el procedimiento debido a que la mayoría del personal se declaró objetor.
El informe también reveló que en hospitales como el General de Ciudad Valles, diez de diecisiete médicos se niegan a practicar el servicio, lo que limita su cobertura en el interior del estado. En total, uno de cada tres profesionales de las unidades habilitadas rechaza realizar interrupciones de embarazo.
La colectiva recordó además que dos iniciativas ciudadanas presentadas en 2024 para fortalecer los derechos reproductivos y sancionar la negación del servicio siguen sin dictaminarse en el Congreso local, pese a contar con opiniones técnicas favorables. “Un derecho que no puede ejercerse en la práctica no es un derecho real”, advirtieron las activistas.