Jonathan García / Palestra
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, entregó este jueves su informe anual de actividades al Congreso del Estado, documento que concentra el trabajo realizado por la institución durante el último año. Con esta entrega, las y los legisladores cuentan con un plazo de 30 días para citarla a comparecer, lo que representaría su segunda presentación formal ante el Poder Legislativo desde que asumió el cargo.
Tras el acto protocolario, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció declaraciones en las que subrayó que el informe integra las labores efectuadas por todas las unidades y fiscalías especializadas, particularmente en materia de judicialización de carpetas. No obstante, evitó precisar cuántas investigaciones lograron avanzar a esa etapa o si hubo indicadores de mejora respecto a ejercicios anteriores.
La fiscal reconoció que uno de los mayores desafíos institucionales es la conversión de la Unidad de Personas Desaparecidas en una Fiscalía Especializada, como lo exige la legislación federal. Consideró que el proceso implica una reestructura operativa que rebasa a la propia institución. “Es un reto importante cumplir con todos los requisitos para pasar de una unidad a una fiscalía especializada”, comentó, sin detallar plazos ni avances concretos.
García Cázares también confirmó que el presupuesto solicitado para el ejercicio 2025 contempla una ampliación para iniciar la operación de esta nueva fiscalía, estimada en al menos cinco millones de pesos destinados a personal, insumos y trabajos de prospección. No obstante, no precisó el monto total requerido ni cómo se integraría la estructura financiera necesaria.
En cuanto a los pendientes internos, la funcionaria aceptó que incrementar el número de judicializaciones continúa siendo una deuda significativa. “Tenemos muchos retos. sobre todo en avanzar en judicializaciones”, admitió, aunque sin ofrecer cifras sobre el rezago acumulado o los casos que requieren prioridad.
Finalmente, la fiscal señaló que corresponde al Congreso revisar el informe y definir la fecha de su comparecencia. Se limitó a mencionar que la documentación entregada recoge las acciones más relevantes del periodo reciente, pero no profundizó en cuáles considera problemáticas o estratégicas para el desempeño de la institución.