Jonathan García / Palestra
El Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí emitió un nuevo posicionamiento respecto a las manifestaciones del pasado 15 de noviembre encabezadas por jóvenes de la llamada Generación Z, al acusar al gobierno federal de intentar deslegitimar este movimiento mediante el uso de la fuerza y discursos que buscan minimizar las causas del descontento. La dirigencia estatal afirmó que, en contraste, en la capital potosina la movilización se desarrolló con civismo y reflejó una creciente preocupación social.
Adolfo Micalco, presidente de la Fundación Colosio en la entidad, explicó que el pronunciamiento responde a las directrices de la dirigencia estatal y surge ante lo que consideró una reacción federal “desproporcionada”. Señaló que la marcha potosina reunió a jóvenes, familias, colectivos ciudadanos y organizaciones civiles que participaron de manera voluntaria, sin alinearse a agendas partidistas o intereses externos.
El dirigente sostuvo que los intentos del gobierno federal por atribuir estas movilizaciones a manipulaciones políticas constituyen una falta de respeto hacia los jóvenes que decidieron alzar la voz. Subrayó que la libertad de manifestación es un derecho constitucional y que cualquier intento de desacreditarla desde el poder público vulnera el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Micalco también criticó que en otras entidades del país la respuesta oficial incluyera el uso de gases lacrimógenos, cercos metálicos y operativos policiales. Afirmó que estas acciones exhiben un clima de cerrazón institucional y un temor al diálogo con una generación que —dijo— exige soluciones reales a temas como seguridad, justicia y desigualdad.
Finalmente, advirtió que el despliegue de fuerza no atiende las causas que verdaderamente preocupan a la población joven. “Los recursos que se destinan a contener marchas no resuelven la violencia ni la falta de justicia que aqueja al país”, señaló, al tiempo que aseguró que el PRI en San Luis Potosí respaldará a las juventudes en sus exigencias y seguirá señalando lo que considere abusos o intentos de desmovilización desde el ámbito federal.