Jonathan García / Palestra
La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, afirmó que la institución está en plena disposición de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) si esta decide atraer la investigación por el hallazgo de siete cuerpos en territorio potosino. Señaló que la intervención federal permitiría integrar la información que ya trabaja Zacatecas, estado que solicitó formalmente que el caso se concentre a nivel federal para evitar tensiones entre administraciones. “Por supuesto, siempre hemos sido colaboradores en esos temas”, dijo.
García Cázares detalló que la localización de los cuerpos ocurrió tras una llamada de emergencia al 911 que movilizó a la Guardia Civil Estatal, confirmando que la camioneta fue encontrada dentro de San Luis Potosí. No obstante, aclaró que la Fiscalía no tiene certeza de que el crimen sucediera en Santo Domingo, como se especuló tras declaraciones de autoridades zacatecanas. “Los siete cadáveres fueron localizados aquí, pero no tenemos la certeza de que haya ocurrido en Santo Domingo”, puntualizó.
La fiscal explicó que mantienen una carpeta de investigación abierta y que han atendido diversas solicitudes de la Fiscalía de Zacatecas, con la que existe coordinación desde la semana pasada, cuando aquella dependencia pidió apoyo específico para avanzar en sus propias indagatorias. Destacó que la colaboración entre ambas instituciones ha sido permanente y que San Luis Potosí ha realizado los actos periciales y procesado la escena del hallazgo sin emitir conclusiones sobre el origen del crimen.
García Cázares también confirmó que doce personas privadas de la libertad en Zacatecas han sido identificadas dentro de la investigación que realiza aquel estado, pero precisó que esa información proviene únicamente del trabajo de su homóloga zacatecana. Subrayó que la Fiscalía potosina no ha generado esa línea de investigación y que su participación se limita a la verificación del hallazgo, los análisis periciales y el fortalecimiento de la carpeta correspondiente.
La fiscal insistió en que, más allá del intercambio político entre gobiernos, la prioridad institucional es esclarecer con precisión dónde ocurrió el crimen y quiénes participaron. Aseguró que continuarán efectuando los peritajes y actos de investigación necesarios, mientras permanecen abiertos a la intervención federal para garantizar un proceso que no dependa de interpretaciones públicas, sino de la integración conjunta de información entre estados y autoridades nacionales.