Jonathan García / Palestra
El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE) convocó a una movilización para el próximo 5 de diciembre, a las 17:00 horas, con punto de partida en el Parque de Morales. La organización gremial busca visibilizar lo que considera un clima de hostilidad institucional y una estrategia de presión financiera ejercida por el Gobierno de San Luis Potosí.
La secretaria general, Francisca Reséndiz Lara, adelantó que se tratará de una protesta pacífica, respaldada por el derecho constitucional a la libre manifestación. Sin embargo, advirtió que algunos empleados públicos participarán cubriéndose el rostro como medida preventiva. De acuerdo con la dirigente, trabajadores han denunciado presuntas represalias, despidos y presiones en sus centros laborales por asistir a actividades sindicales.
Reséndiz señaló que uno de los principales agravios es la retención de aportaciones institucionales que, según el sindicato, debieron entregarse desde 2021. Los recursos correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 no han sido liberados, lo que —asegura— ha limitado la operación del comité y se ha traducido en un intento por debilitar la estructura gremial.
Además, el SITTGE ha documentado casos de trabajadores que, afirma, fueron separados de sus cargos por mantenerse afiliados al sindicato o por rehusarse a firmar documentos contra la dirigencia. La organización considera que este tipo de prácticas forma parte de un patrón de presión para restar fuerza a la representación sindical.
En ese contexto, Reséndiz Lara responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo estatal de cualquier incidente que pudiera registrarse durante la jornada de movilización. Sostuvo que existen antecedentes de presunta intervención de grupos de choque en eventos anteriores y que cualquier intento de provocar enfrentamientos recaería en la autoridad.
La marcha del 5 de diciembre, anticipó, será la antesala de nuevas acciones que el sindicato evaluará si el Gobierno estatal mantiene su postura y continúa negando los mecanismos de apoyo legalmente establecidos para la organización.