Jonathan García / Palestra
Pese a que en San Luis Potosí la interrupción voluntaria del embarazo dejó de ser un delito, en la práctica su acceso sigue enfrentando resistencias dentro de los hospitales públicos. Así lo reconoció la diputada Frinné Azuara Yarzabal, presidenta de la Comisión de Salud, quien adelantó que el Congreso llamará a cuentas a las instituciones que continúan negando el servicio.
Azuara subrayó que aprobar una ley no basta si las instituciones responsables no la operan. “Las normas no se quedan en el papel. Nos toca vigilar que realmente se conviertan en política pública y que funcionen como debe ser”, señaló.
La legisladora aseguró que las denuncias hechas por organizaciones civiles sobre negativas injustificadas serán revisadas directamente por la Comisión. Consideró relevante que las colectivas documenten estos casos, porque permiten identificar en qué hospitales persisten trabas. “Si hay reportes de que en tal o cual unidad no están atendiendo, vamos a pedir explicaciones. Es un derecho, y tiene que ser efectivo para quien lo solicite”, remarcó.
Como parte de esta supervisión, el Congreso tiene previsto reunirse con directores de hospitales donde existan señalamientos de rechazo. “Vamos a sentarnos con ellos y presentarles los casos. Si hubo mujeres rechazadas, deben explicarlo y corregirlo. Las políticas públicas obligan y se deben cumplir”, afirmó.
Las declaraciones surgen después de que la colectiva ILE exhibiera que varios hospitales públicos continúan sin brindar el servicio de Interrupción Legal del Embarazo o carecen de personal no objetor suficiente para garantizarlo. Los Servicios de Salud del Estado reportaron solo nueve unidades capaces de atender estos procedimientos, entre ellas únicamente un hospital del ISSSTE, dejando sin acceso real a mujeres y personas gestantes en por lo menos nueve municipios.
La colectiva también reveló inconsistencias: el Hospital General de Soledad, aunque figura como unidad que ofrece el servicio bajo IMSS-Bienestar, lo remite en la práctica al Hospital del Niño y la Mujer debido al alto número de objetores. En Ciudad Valles, de 17 profesionales de la salud, 10 se declararon objetores. A nivel estatal, casi uno de cada tres puestos médicos identificados corresponde a personal que se rehúsa a practicar el procedimiento.
La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas fue despenalizada en noviembre de 2024, luego de una sentencia de la Suprema Corte. Un año después, el Congreso amplió las causales de acceso en el artículo 150 del Código Penal, incorporando situaciones de estupro, negación del servicio dentro del plazo legal, pobreza extrema y malformaciones fetales. Sin embargo, a un año de estos cambios, su cumplimiento continúa siendo irregular en el sistema de salud público.