Jonathan García / Palestra
La advertencia del Frente Cívico Nacional de tomar el Congreso del Estado de San Luis Potosí y obstaculizar las sesiones legislativas como medida de presión para revertir la reciente reforma constitucional en materia electoral fue minimizada por la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, quien sostuvo que las manifestaciones son un derecho ciudadano siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica y en espacios públicos.
La legisladora señaló que el Poder Legislativo será respetuoso de cualquier expresión social, al considerar que la inconformidad puede manifestarse de distintas formas sin que ello represente un factor adicional que altere el funcionamiento del Congreso local. En ese sentido, descartó que los anuncios de resistencia civil generen preocupación institucional.
El rechazo a la reforma electoral se ha intensificado tras su aprobación, particularmente porque diversos actores políticos la han calificado como una legislación “con dedicatoria”. Ante este escenario, partidos como Movimiento Ciudadano y el PAN han adelantado que promoverán una acción de inconstitucionalidad, mientras que en el PRI, de acuerdo con Rocha Medina, aún no se define si se recurrirá a este recurso legal, tema que será analizado en los próximos días al interior del partido.
Respecto a los señalamientos de que la reforma fue diseñada “a modo”, la diputada evitó pronunciarse en esos términos, pero subrayó que su postura se basa en no limitar derechos ni aspiraciones políticas de las mujeres, al asumir una posición congruente con su identidad y su trayectoria política.
El Frente Cívico Nacional informó que las acciones anunciadas buscan impedir el desarrollo de las sesiones legislativas hasta que el Congreso revierta la reforma que establece que en 2027 solo mujeres podrán contender por la gubernatura, excluyendo a varones y personas de la diversidad sexual. A esta movilización se sumarían organizaciones como la Unión Nacional Sinarquista y otros movimientos sociales, que han advertido su intención de frenar la actividad legislativa hasta que se dé marcha atrás a una ley que consideran hecha con dedicatoria.