Jonathan García / Palestra
La falta de un nuevo esquema federal de regularización ha dejado a decenas de miles de propietarios de vehículos de procedencia extranjera en un limbo legal en San Luis Potosí, donde se estima que entre 30 mil y 40 mil unidades permanecen sin poder incorporarse al padrón vehicular tras la conclusión del decreto vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), advirtió que el cierre del programa no sólo frenó los trámites pendientes, sino que también incrementó la vulnerabilidad de los conductores, quienes utilizan estos vehículos como herramientas de trabajo, transporte familiar o apoyo para actividades comerciales y del campo.
La dirigente recordó que el decreto, autorizado en abril de 2023, permitió durante poco más de dos años la regularización masiva de unidades usadas, un mecanismo que no se implementaba a gran escala desde 2005. Aunque el balance fue positivo en términos de legalización, reconoció que el esquema presentó fallas y excesos, principalmente por la incorporación de modelos demasiado antiguos que ya no cumplían con criterios ambientales.
En este contexto, señaló que el Gobierno federal analiza un nuevo decreto aduanero que contemple pedimentos de importación definitiva, el pago de aranceles e IVA, así como reglas de operación más estrictas y mayor control a través de agencias aduanales. Anticipó que la nueva normatividad podría limitar la regularización a modelos más recientes, posiblemente de 2010 en adelante.
Gómez Suárez subrayó que, mientras no se defina un nuevo marco legal, es indispensable que las autoridades de los tres niveles de gobierno eviten prácticas de hostigamiento o extorsión contra los propietarios de estas unidades. Indicó que la CTLP ya ha solicitado acercamientos con corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales para garantizar el respeto a los conductores.
Finalmente, aseguró que la asociación continuará brindando acompañamiento jurídico y asesoría a sus agremiados, al tiempo que mantiene gestiones ante instancias legislativas y federales para impulsar un nuevo mecanismo de regularización que otorgue certidumbre legal y patrimonial a miles de familias potosinas.