Palestra / San Luis Potosí
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la corporación municipal cuenta con protocolos de actuación claramente definidos y vigentes, los cuales han sido aplicados de manera permanente durante los últimos cuatro años de la actual administración. Como resultado de ello, se ha registrado una disminución significativa en las quejas relacionadas con violaciones a derechos humanos, abuso de autoridad y actos de corrupción.
Al respecto de un reciente punto de acuerdo en el Congreso del Estado, relacionado con una detención derivada de un incidente vial, el Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, precisó que la actuación de los agentes municipales se realizó conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito.
Subrayó que, ante hechos de tránsito donde existen personas lesionadas, la autoridad municipal está legalmente obligada a dar vista al Ministerio Público.
El titular de la corporación reiteró que la capacitación constante, incluso a nivel internacional, y el fortalecimiento de la actuación policial con apego a la legalidad y al debido proceso, han sido ejes centrales de la política de seguridad municipal.
Comentó que se atenderán las observaciones emitidas desde el Congreso local, y se hará llegar la información correspondiente sobre el trabajo realizado en la Capital, con total transparencia y responsabilidad institucional.
Finalmente, Villa Gutiérrez afirmó que la Policía de la Capital actúa siempre en favor de la ciudadanía, con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y con una labor de proximidad que ha fortalecido la confianza de la sociedad en la institución.
SARA ROCHA ARREMETE CONTRA LA POLICÍA LOCAL
En sesión de la Diputación Permanente, la diputada Sara Rocha Medina propuso un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que, a través de las áreas competentes, implemente y refuerce programas permanentes de capacitación dirigidos a los elementos de tránsito y policía municipal.
Esta capacitación debe estar dirigida en materia de derechos humanos; detenciones arbitrarias; debido proceso y actuación conforme principio de legalidad; principio de presunción de inocencia; policía de proximidad, mediación y solución pacífica de conflictos; y, ética pública y responsabilidad administrativa.
La legisladora señaló que se han documentado y denunciado de manera reiterada presuntas prácticas indebidas por parte de algunos elementos de tránsito y policía municipal, consistentes en presuntas detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, falta de actuación bajo esquemas de policía de proximidad y solución pacífica de conflictos, así como conductas que vulneran el principio de presunción de inocencia o derivan en falsas acusaciones contra la ciudadanía, al momento de presentarse hechos viales.
Indicó que destaca el hecho que fue puesto en conocimiento del Congreso del Estado, por parte de una periodista que solicitó la intervención institucional para atender estas presuntas conductas y que no se repitan en perjuicio de la ciudadanía, por parte de elementos de tránsito y policía municipal en el ayuntamiento de San Luis Potosí, así como que se realice una investigación precisa sobre estos hechos.
La legisladora indicó que estas presuntas acciones constituyen en un ejercicio indebido de la función pública y abuso de autoridad, entendiéndose como el uso incorrecto o excesivo de una posición de autoridad para obtener beneficios personales, controlar a otros, causar daño, manipulando, intimidando o actuando de manera ilegal, y asimismo, incluso cayendo en la comisión de un delito por parte de la autoridad pública.
En el Punto de Acuerdo, se exhorta también respetuosamente al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que, en los casos en que se acredite la comisión de abuso de autoridad, se apliquen las sanciones administrativas y legales correspondientes. Fue turnado para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.
Se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Régimen Interno y Asuntos Electorales, el documento por el que el Gobernador Constitucional Estado, veta y formula observaciones a minuta que modifica diversas disposiciones Constitución Local y Ley Electoral Estado.