Jonathan García / Palestra
Rectores de diversas universidades públicas del país sostuvieron una reunión con autoridades federales de educación superior para solicitar un incremento en el porcentaje del presupuesto que aportan los gobiernos estatales a las instituciones de educación superior, al considerar que la contribución actual resulta insuficiente para atender sus necesidades operativas y laborales.
Al respecto, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, calificó como irregular el porcentaje de incremento que actualmente otorga la federación, por lo que la principal exigencia es que los estados eleven su participación presupuestal, como ya ocurre en otras entidades. Citó el caso de la Universidad de Guadalajara, que recibe alrededor del 5 por ciento del presupuesto estatal.
Zermeño Guerra explicó que, en el caso de San Luis Potosí, el convenio de apoyo financiero aún no ha sido firmado, situación que se repite en varias universidades del país. Señaló que dicho documento podría llegar entre hoy y mañana para su firma, luego de que se realizaron las modificaciones solicitadas en reuniones recientes, a fin de que posteriormente sea presentado ante el Ejecutivo estatal.
Indicó que esta problemática no es exclusiva de San Luis Potosí, sino que afecta a diversas entidades, por lo que confían en que el ajuste presupuestal contemple al menos un incremento equivalente a la inflación registrada durante 2025. Una vez firmados los convenios por los gobiernos estatales, estos deberán enviarse nuevamente a la Secretaría de Educación Pública para que se gestionen los recursos ante la Secretaría de Hacienda.
El rector de la UASLP advirtió que la falta de certeza presupuestal impacta directamente en las negociaciones salariales y de prestaciones laborales que ya se iniciaron con los sindicatos universitarios, los cuales han solicitado incrementos de hasta el 7 por ciento.
Detalló que, de acuerdo con lo planteado en las mesas de diálogo, el convenio contempla un incremento máximo del 4 por ciento al salario y un 2 por ciento en prestaciones ligadas al mismo, lo que representa un aumento cercano al 6 por ciento. Sin embargo, subrayó que la aportación federal proyectada no alcanza ni siquiera una tercera parte de ese porcentaje, lo que complica el cierre de las negociaciones laborales en las universidades públicas.