Jonathan García / Palestra
La creación de una fiscalía especializada en desapariciones en San Luis Potosí fue recibida con cautela por colectivos de familiares, quienes reconocieron el avance legislativo pero advirtieron que observarán su desempeño para evitar que se convierta en una instancia sin impacto real.
Integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP celebraron que el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobara la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, aunque advirtieron que su exigencia ahora será que cuente con recursos, personal capacitado y resultados medibles.
La presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, señaló que se trata de una demanda sostenida por las familias desde 2018, por lo que consideró que la implementación efectiva será la verdadera prueba de voluntad institucional.
Indicó que, de haberse creado hace años, muchos cuerpos sin identificar ya habrían sido analizados y numerosas familias tendrían respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
La activista denunció que actualmente existen limitaciones operativas importantes, como la falta de policías de investigación, unidades vehiculares y capacidades suficientes para atender los casos de desaparición.
Explicó que la reforma también responde a cambios en la legislación general y a la visibilización nacional de esta problemática, lo que obliga a los estados a contar con áreas especializadas que incluyan investigación, análisis de contexto, atención a víctimas y herramientas tecnológicas como geolocalización y biometría.
Asimismo, subrayó que las familias exigirán que la persona titular de la nueva fiscalía tenga experiencia comprobable en desapariciones y capacidad para gestionar recursos forenses, incluso de carácter internacional.
Advirtió que los colectivos mantendrán vigilancia permanente sobre el desempeño de la institución y el uso de los recursos públicos asignados.
De acuerdo con cifras referidas por el colectivo, tan solo en 2025 se registraron alrededor de mil 500 carpetas de investigación por desaparición en la entidad, a las que se suman nuevos casos en lo que va de 2026.
Aunque reconoció el avance legislativo como un paso importante, Pérez Rodríguez sostuvo que la lucha de las familias continuará hasta obtener verdad, justicia y localización de las personas desaparecidas.