Jonathan García / Palestra
A semanas de que venza el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado de San Luis Potosí no ha definido el mecanismo para realizar al menos tres consultas públicas obligatorias, lo que coloca al Poder Legislativo en riesgo de incumplir un mandato judicial.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) rechazó acompañar la organización de estos procesos al sostener que la responsabilidad es directa e intransferible del Congreso. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, confirmó la negativa y afirmó que el Legislativo tiene facultades para designar a una institución que lleve a cabo las consultas, las cuales deberán desarrollarse antes de que concluya el mes.
El legislador adelantó que solicitará una reunión con la presidenta del Ceepac para precisar las razones del no acompañamiento. Desde el órgano electoral se argumentó que el marco jurídico vigente no le atribuye la función de organizar consultas derivadas de resoluciones de la Corte, por lo que su intervención excedería sus competencias legales.
De acuerdo con la legislación en la materia, los poderes del Estado y municipios obligados a consultar a comunidades indígenas son considerados “consultantes” según su ámbito. En el Judicial corresponde a la Comisión de Justicia de Pueblos Originarios del Supremo Tribunal de Justicia; en el Ejecutivo, al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas; en el Legislativo, a su comisión especializada; y en los municipios, a los representantes indígenas ante los ayuntamientos con asesoría del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
La solicitud de apoyo al Ceepac surgió tras una reunión celebrada en diciembre con magistrados de la SCJN, en la que se revisaron los alcances legales de las consultas ordenadas. Sin un esquema definido y con el plazo en curso, el Congreso enfrenta presión para cumplir en tiempo con las resoluciones del máximo tribunal del país.