Jonathan García / Palestra
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó en San Luis Potosí títulos de concesión a productores adheridos al decreto federal de regularización, en un acto donde el mensaje institucional fue más allá de la formalidad: la autoridad reconoció un rezago nacional de 145 mil trámites y la existencia de un sobreconcesionamiento acumulado durante décadas. La ceremonia fue encabezada por el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, y el director local, Darío Fernando González Castillo.
González Castillo precisó que se trata de los primeros títulos regularizados bajo el decreto emitido por instrucción presidencial, enfocado en concesiones vencidas que cumplieron requisitos básicos. “Lo que buscamos es dar certeza jurídica”, sostuvo, al señalar que productores que habían quedado con documentos sin vigencia ahora recuperan el instrumento que acredita su derecho de uso del agua. No obstante, admitió que aún existen casos fuera del esquema que deberán revisarse de manera particular, como prórrogas y dotaciones pendientes en distritos de riego.
Ante asistentes provenientes de Villa de Ramos, Ébano, Rioverde y Villa de Arista, el funcionario insistió en que la entrega de documentos no cierra el proceso de atención. “Sin agua no hay campo”, afirmó, y añadió que el compromiso es evitar incertidumbre entre los usuarios. “Que el campesino sepa que sus pozos no están en riesgo y que la Conagua los va a defender”, expresó.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de San Luis Potosí, Guillermo Andrés Rivera Vázquez, informó que la coordinación con instancias federales permitió avanzar en la revisión de adeudos eléctricos para uso agrícola ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), algunos de los cuales comenzaron a reflejarse en ceros tras auditorías recientes. Añadió que el programa TEGUA mantiene abiertas sus ventanillas y suma alrededor de 2 mil 500 productores inscritos en el periodo actual.
El señalamiento de mayor alcance lo planteó Rodríguez Alonso al advertir que existen regiones del país donde está concesionado hasta el doble del volumen de agua realmente disponible. “Tenemos lugares en donde está concesionado el doble de la disponibilidad”, dijo, al explicar que durante años se otorgaron títulos que no derivaron en infraestructura ni en aprovechamiento efectivo. Reconoció además que al inicio de la actual administración se identificaron 145 mil trámites rezagados, muchos arrastrados desde la pandemia. La regularización, afirmó, avanza en paralelo a la revisión de expedientes acumulados, en un contexto donde la presión sobre los acuíferos y la competencia por el recurso colocan el debate hídrico en el centro de la agenda pública.