Jonathan García / Palestra
El padrón de personas deudoras alimentarias en la entidad entrará a revisión ante cuestionamientos sobre su efectividad real. La diputada local Gabriela López Torres informó que, tras una reunión con la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, se planteó la necesidad de evaluar si el registro está cumpliendo con su propósito o si requiere ajustes en su aplicación.
La legisladora señaló que el debate no debe centrarse únicamente en el carácter público del padrón, sino en la ejecución efectiva de las sentencias en materia alimentaria. Subrayó que existen resoluciones firmes que, al momento de llevarse a la práctica, no siempre se materializan como corresponde, situación que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes que dependen de esos recursos para su desarrollo.
Precisó que, si bien hay mujeres inscritas en el listado, la mayoría de las personas deudoras son hombres, lo que —consideró— refleja un patrón de incumplimiento en el ejercicio de las paternidades. En ese sentido, enfatizó que el objetivo central debe ser garantizar el interés superior del menor y evitar que el padrón se convierta en un instrumento de confrontación entre ex parejas.
López Torres recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la publicación del padrón no es inconstitucional ni vulnera derechos fundamentales, por lo que su existencia cuenta con respaldo jurídico. Sin embargo, advirtió que el reto actual es de carácter operativo: cerrar la brecha entre lo que se dicta en tribunales y lo que realmente se cumple.
La revisión se enmarca en una agenda conjunta entre el Poder Legislativo y el Judicial, que también contempla la implementación del nuevo proceso civil y familiar, así como el análisis de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Como presidenta de la Comisión de Segunda Justicia del Congreso del Estado, la diputada indicó que cualquier modificación deberá construirse de la mano con los tribunales, responsables de ejecutar las resoluciones en la práctica.