Jonathan García / Palestra
Comunidades indígenas y organizaciones sociales de la región Huasteca manifestaron su rechazo a la posible implementación de proyectos de fractura hidráulica en territorio potosino y exigieron al gobierno federal mantener el compromiso de prohibir esta práctica, al considerar que representa una amenaza para el medio ambiente y la vida comunitaria.
Durante un reciente encuentro regional, representantes comunitarios expresaron preocupación por declaraciones atribuidas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que, señalaron, podrían contradecir el compromiso número 75 de los “100 Puntos de Gobierno”, en el que se plantea la prohibición del fracking en el país.
De acuerdo con los participantes, existe el riesgo de que la fractura hidráulica sea retomada bajo otra denominación técnica, lo que —advirtieron— no modificaría los efectos ambientales ni sociales que implica este tipo de extracción de hidrocarburos.
Las comunidades recordaron que la geología de la Cuenca Tampico-Misantla requiere la fracturación de roca para liberar gas y petróleo atrapados en formaciones profundas, por lo que cambiar el nombre del procedimiento no alteraría su naturaleza ni los posibles impactos en el entorno.
En su posicionamiento, los representantes indígenas señalaron que la Huasteca potosina no debe convertirse en una “zona de sacrificio”, al tratarse de una región con alta riqueza ambiental y cultural, habitada principalmente por pueblos Tenek y Náhuatl.
Advirtieron que el fracking podría impactar directamente a 3 mil 268 localidades de la región, donde persisten condiciones históricas de pobreza y marginación, además de poner en riesgo actividades tradicionales como la agricultura de pequeña escala y el acceso a recursos naturales.
Asimismo, alertaron sobre los posibles efectos en el agua de la región, al señalar que al menos mil 019 cuerpos hídricos —entre ríos, manantiales y acuíferos— podrían verse afectados por el alto consumo de agua y el riesgo de contaminación asociado a los químicos utilizados en estos procesos.
Ante este escenario, las comunidades exigieron al gobierno federal mantener la congruencia con los compromisos asumidos durante la campaña presidencial y respetar el principio de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas antes de autorizar cualquier proyecto extractivo en sus territorios.