Jonathan García / Palestra
Transportistas de agua potable en pipas alertaron sobre posibles afectaciones a su actividad ante la nueva Ley de Aguas Nacionales, al considerar que el marco legal podría derivar en su criminalización, por lo que anunciaron una movilización nacional el próximo 24 de marzo en la Ciudad de México.
La advertencia fue hecha por integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), cuyo representante en el sector de piperos en la entidad, Francisco Ávalos González, señaló que la legislación vigente confunde el transporte con la extracción del recurso hídrico, lo que coloca en riesgo a miles de trabajadores dedicados a la distribución de agua.
Explicó que uno de los puntos más sensibles es el artículo 123, donde se contemplan sanciones que van desde multas hasta prisión preventiva para quienes trasladen agua sin que el proveedor cuente con los permisos correspondientes, situación que calificó como injusta al no ser una atribución del transportista verificar la legalidad de los pozos.
El dirigente sostuvo que esta disposición traslada responsabilidades que corresponden a la autoridad, particularmente a la Comisión Nacional del Agua, al exigir a los operadores de pipas una función de supervisión que no forma parte de su actividad.
En este contexto, advirtió que la medida podría impactar a más de 350 mil empleos a nivel nacional, entre directos e indirectos, además de poner en riesgo el abasto en diversas zonas donde el servicio público resulta insuficiente.
En el caso de San Luis Potosí, estimó que operan más de 600 unidades que se abastecen de alrededor de 30 pozos, permitiendo llevar agua a colonias que carecen de infraestructura hidráulica o presentan fallas constantes en el suministro.
Los transportistas señalaron que la permanencia de su actividad responde precisamente a las deficiencias en la red de distribución, la cual —aseguran— presenta pérdidas superiores al 50 por ciento debido a su antigüedad y falta de mantenimiento.
Ante este panorama, anunciaron que el próximo 24 de marzo acudirán al Congreso de la Unión para solicitar a legisladores federales la modificación del artículo en cuestión, con el objetivo de evitar afectaciones al gremio.
Finalmente, advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían recurrir a la suspensión temporal de actividades, lo que impactaría tanto en el suministro de agua como en la movilidad urbana, aunque reiteraron que su intención es alcanzar acuerdos sin confrontación con las autoridades.