Jonathan García / Palestra
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, respaldó la iniciativa que busca hacer obligatoria la Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad como requisito para el registro de candidaturas, al considerar que puede fortalecer los procesos democráticos frente a riesgos de infiltración delictiva. “Yo la verdad no lo veo mal”, declaró este miércoles, al referirse a la propuesta impulsada en el Congreso del Estado por el diputado Héctor Serrano Cortés.
La iniciativa plantea reformar la Constitución local, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza para introducir la figura de “Condición de Integridad y Confiabilidad para la postulación democrática”. De aprobarse, quienes aspiren a la gubernatura, diputaciones locales o ayuntamientos deberán someterse a evaluaciones psicológicas, médicas, socioeconómicas y poligráficas a cargo del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
Gallardo Cardona sostuvo que la medida debería aplicarse desde el próximo proceso electoral y propuso ampliar su alcance a nivel federal mediante la participación de la Fiscalía General de la República. “Creo que debe regularse en este proceso electoral y hacer partícipe también a la Fiscalía para que tenga facultades de aplicar estos exámenes”, señaló, al tiempo que consideró viable replicar el modelo en candidaturas a cargos federales.
Ante señalamientos por un posible conflicto de interés —debido a que el Centro de Evaluación depende de la Secretaría General de Gobierno—, el mandatario rechazó dicha posibilidad y planteó un esquema alterno. Afirmó que podría establecerse una “dualidad” en la que también la Fiscalía realice evaluaciones, e incluso sugirió que quienes desconfíen del proceso estatal puedan recurrir directamente a la instancia federal.
La propuesta establece que la certificación tendrá carácter preventivo y no sancionador, y que el Ceepac solo verificaría la existencia del documento sin acceder al contenido de las evaluaciones. Turnada ya a comisiones para su análisis, la iniciativa se sumaría, en caso de aprobarse, a otros requisitos vigentes como la “8 de 8 contra la violencia”, en un intento por reforzar los controles sobre quienes buscan un cargo público.