La crisis política que estalló en el Estado mexicano de Sinaloa ha comenzado a mover las placas tectónicas dentro de Morena. Los señalamientos de autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador (con licencia) Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de su entorno, presuntamente vinculados con el Cartel de Sinaloa, han encendido alarmas en el partido gobernante y provocado un viraje silencioso, pero profundo, en la estrategia política del oficialismo. La instrucción ya no es cerrar filas con nadie, sino plantarse en la defensa de la soberanía como discurso retórico para sortear la polémica que ha golpeado la credibilidad del partido gobernante y su discurso moral de no mentir, no robar y no traicionar, heredado de Andrés Manuel López Obrador.
En el centro de la tormenta hay algunos nombres clave. El senador Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno y hombre de máxima confianza de Rocha Moya; el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, los dos últimos bajo custodia de autoridades estadounidenses. A esto se ha sumado un ingrediente, el congelamiento de las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa y el resto de presuntos implicados en la acusación formulada por fiscales de Nueva York. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda hizo la maniobra, que fue confirmada este lunes por la mandataria, quien acotó que se trató de un procedimiento preventivo. Estos hechos han sido detonantes, elevando la presión en la cúpula de Morena. En los pasillos morenistas admiten en privado que el caso se ha convertido en una amenaza para el proyecto de Sheinbaum y de la misma agrupación guinda.
El temor no radica solo en el desgaste mediático, sino que el caso de Sinaloa se transforme en una narrativa internacional sobre presuntos vínculos entre el partido gobernante y el crimen organizado. Esto sucede justo cuando la Administración de Sheinbaum intenta construir estabilidad política y legitimidad frente a Washington. Aunado a eso, tienen de frente el proceso electoral de 2027, donde se renovarán cientos de cargos, incluida la gubernatura de Sinaloa. La crisis, de momento, ha dejado al partido sin uno de sus aspirantes en la entidad, el senador Inzunza, quien ha visto cómo se le cierran las puertas de la candidatura.
El discurso se ha transformado en los últimos días. Donde antes había un matiz de defensa, con el argumento de que no existen pruebas, ahora domina una postura más calculada. “Vamos a respetar el resultado de esa investigación [contra Rocha Moya] de la Fiscalía y actuaremos en consecuencia sin encubrir a nadie”, ha dicho este lunes la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, al ser cuestionada sobre la decisión de inmovilizar las cuentas del gobernador con licencia.
La consigna transmitida en distintos niveles de Morena y del Gobierno federal, refieren fuentes consultadas por este periódico, es: no defender a nadie de manera personal, evitar confrontaciones directas con Estados Unidos y concentrar el discurso en tres ejes: la defensa de la soberanía, rechazo al intervencionismo y la exigencia de que se investigue “a quien se tenga que investigar”.
El cambio puede detectarse incluso en el tono de Sheinbaum, quien este lunes ha evitado a toda costa mencionar a Rocha Moya, incluso cuando confirmó que se le han congelado las cuentas bancarias. Un comunicado de Hacienda también los omitió y se refirió a los acusados como “personas políticamente expuestas de Sinaloa”.
La presidenta ha buscado desactivar la idea de que el caso comprometa políticamente a Morena. Aunque en el oficialismo sepan que el problema no desaparecerá solo con prudencia discursiva. Las revelaciones sobre la detención o entrega de exfuncionarios sinaloenses en EEUU han estrechado el cerco sobre el gobernador. La preocupación principal en Morena es que las investigaciones estadounidenses avancen hacia más figuras políticas en activo y provoquen un efecto dominó sobre otros liderazgos regionales.
En ese contexto, Rocha Moya comienza a quedarse sin márgenes políticos. Legisladores federales han recibido la recomendación de no engancharse en debates sobre inocencia o culpabilidad del sinaloense. Dentro del partido crece la percepción de que el mandatario podría terminar aislado de Morena si la presión de Washington escala.
Ese repliegue, sin embargo, no significa ruptura abierta. Morena intenta caminar sobre una línea delgada. Por un lado, busca evitar una imagen de encubrimiento; por otro, tampoco quiere validar sin reservas las investigaciones del Gobierno de Donald Trump ni alimentar la narrativa de subordinación frente a Washington. De ahí el énfasis en la defensa de la soberanía y la no intervención.
En otro frente, Morena intenta a toda costa mover el foco político hacia Chihuahua. Primero, con la ofensiva para impulsar una solicitud de juicio político contra la gobernadora del PAN Maru Campos por el caso de los dos agentes de la CIA muertos en un operativo en el que presuntamente participaron de manera irregular. Y ahora, con una batería de denuncias contra el Gobierno del Estado por el supuesto uso de recursos públicos para bloquear vialidades y sembrar propaganda panista en edificios oficiales. Todo esto, durante la marcha contra la mandataria encabezada el fin de semana por Montiel y Andrés Manuel López Beltrán.
En las entrañas del partido se ha instalado la idea de que la prioridad es sobrevivir a la crisis con los menores daños colaterales. Mientras el cerco judicial y político se estrecha sobre el grupo de Rocha Moya, Morena empieza a ensayar una salida emergente: dejar que las investigaciones sigan su curso y aceptar los resultados sean los que sean, reducir costos para el Gobierno federal y evitar que el caso Sinaloa termine dominando el ambiente político y electoral. El objetivo es evitar que se consolide la idea de que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en el corazón de Morena.