La mecha que encendió la persecución de periodistas en San Luis Potosí fue la difusión de una imagen falsa que mostraba a la senadora Ruth González Silva con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. El montaje, presuntamente generado con inteligencia artificial, fue cuestionado por la aludida como un intento de desacreditar su imagen pública, dañar su reputación y su integridad, tras las acusaciones difundidas desde Estados Unidos contra Rocha por supuestos nexos con el narcotráfico. González llevó su molestia al plano formal con una denuncia contra dos comunicadoras que gestionan el sitio Despertar San Luis 3.0, aprovechando un nuevo recurso legal a su alcance: el Código Penal de San Luis Potosí había sido modificado seis meses antes para sancionar con cárcel a quienes hagan “mal uso” de la inteligencia artificial.
La senadora del Partido Verde, también esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona y aspirante a sucederlo en la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de 2027, interpuso al menos una de las denuncias penales que llevaron a prisión preventiva a Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo. El caso ha puesto al Estado en la mira de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión. Las reformas al Código Penal del Estado, promovidas por el diputado del PVEM Héctor Serrano, se activaron para encarcelar a las dos comunicadoras denunciadas por la senadora. Fueron finalmente liberadas el pasado sábado luego de acogerse a una suspensión condicional del proceso iniciado en su contra.
La fiscal del Estado Manuela García Cázares no ha querido revelar la identidad de la denunciante. “Es una persona que no voy a decir su nombre, la mantenemos en reserva”, ha dicho este lunes en declaraciones a medios locales. La fiscal ha explicado que las comunicadoras arrestadas el pasado 21 de mayo se acogieron a una suspensión condicional del proceso y fueron liberadas el pasado 6 de junio luego de que su defensa se comprometió a cumplir las medidas de reparación. “Ellas están por un delito que evidentemente es nuevo en el Código Penal”, ha dicho.
EL PAÍS accedió al documento de la denuncia en donde consta el nombre de la senadora como denunciante, sin que la Fiscalía haya respondido hasta ahora sobre el tema. Asimismo, se consultó al equipo de prensa de la senadora Ruth González desde el pasado viernes sobre su versión de la denuncia presentada por ella y sobre la polémica por la aplicación de la Ley Serrano. Hasta la noche de este lunes no habían respondido. En San Luis Potosí, la periodista Anahí Torres, quien desde octubre de 2025 denunció intimidaciones del Gobierno de Ricardo Gallardo, ha expuesto públicamente que la denuncia es de la senadora González Silva, y ha alertado sobre la existencia de otros procesos iniciados por ella en contra de una decena de comunicadores y periodistas.
En la denuncia presentada el 8 de mayo ante la Fiscalía General del Estado, la senadora asegura que fue víctima de hechos que se pueden considerar delitos contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, previstos en el nuevo artículo 187 TER del Código Penal, que fue precisamente uno de los que se añadieron en la reforma aprobada por el Congreso potosino en noviembre pasado, conocida como Ley Serrano. Dicho precepto sanciona con prisión de uno a tres años a quien utilice sistemas de inteligencia artificial para crear, reproducir, modificar o difundir contenidos que simulen la apariencia, la voz o la identidad de una persona real, sin su consentimiento.
González Silva señala que el 30 de abril y 1 de mayo -justo después de que se diera a conocer la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa-, circuló en el perfil de Facebook Despertar San Luis 3.0 una fotografía falsa con su imagen, supuestamente generada con inteligencia artificial, en la que aparece acompañada de Rocha Moya, pese a que ella indica que nunca se tomó esa foto con el acusado por Estados Unidos. “Derivado de lo anterior, se realizan denostaciones que no tenían nada que ver con algún tema informativo, o dar alguna noticia, sino que fue con el único objetivo de desacreditar mi imagen pública con información totalmente falsa”, se lee en el expediente al que tuvo acceso EL PAÍS en el que consta como evidencia una impresión de la supuesta imagen de Ruth González y Rubén Rocha difundida en la red social Facebook.
La senadora insiste en que esas imágenes fueron generadas sin su consentimiento previo y que no constituyen creación o difusión de contenidos con fines periodísticos, académicos, artísticos, de parodia o crítica política (que están excluidos de la sanción contemplada en la Ley Serrano). “Es claro que tienen como finalidad causar daño e imagen de mi persona, causando con ello una afectación en mi dignidad, mi reputación, es decir en mi integridad psíquica y moral”, añade la denunciante.
El expediente contiene algunas de las diligencias que llevó a cabo la Fiscalía General de San Luis Potosí antes de proceder a la detención de las comunicadoras, entre las que destacan una “investigación en internet de fuentes abiertas” para conocer los contenidos de la página Despertar San Luis 3.0 y una entrevista con una testigo que manifestó “tener conocimiento e identificar plenamente a las personas que realizan y difunden las publicaciones en la página mencionada”. La testigo asegura ser vecina de las comunicadoras y haber conversado en distintas ocasiones sobre el acceso, administración y control de sus páginas en redes sociales. Eso llevó al Ministerio Público a individualizar la denuncia sobre ellas.
La organización Artículo 19 ha alertado de que las reformas al Código Penal de San Luis Potosí -y su aplicación reciente- ha generado un evidente efecto inhibitorio de la libertad de expresión y un ambiente de acoso judicial contra periodistas. Las reformas conocidas como Ley Serrano llevaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sigue sin avanzar en la ponencia del ministro Giovanni Azael Figuera Mejía.