Jonathan García / Palestra
El Congreso del Estado aprobó con 25 votos a favor el dictamen que autoriza al Poder Ejecutivo dar de baja 31 mil 119 bienes muebles de su patrimonio, entre ellos mobiliario de oficina, maquinaria y vehículos, al determinarse que presentan obsolescencia, deterioro o han concluido su vida útil. La medida fue avalada esta semana como parte de un proceso de depuración del inventario estatal.
De acuerdo con el dictamen, los bienes incluyen 30 mil 571 artículos de oficina y equipo diverso, además de 548 unidades vehiculares y maquinaria pesada. La autorización permitirá al Gobierno del Estado retirarlos del registro patrimonial para su posible donación o transferencia a instituciones públicas, en caso de que aún sean funcionales, o bien su disposición final conforme a los procedimientos legales establecidos.
El expediente fue impulsado por la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, encabezada por Noé Lara Enríquez, quien argumentó que, tras revisiones técnicas, la reparación o rehabilitación de los bienes no resultaba económicamente viable. Sin embargo, el listado no se limita a equipos antiguos, ya que también integra maquinaria, vehículos operativos y unidades de trabajo de diversas dependencias estatales.
Entre los bienes dados de baja se encuentran vehículos como camionetas, patrullas y unidades de carga, incluyendo modelos recientes como RAM 1500 modelo 2022, lo que contrasta con el criterio general de obsolescencia. El inventario también contempla artículos de diversa naturaleza, desde equipo médico y herramientas hasta mobiliario, así como 9 mil 140 bienes clasificados como desechos sin inventario individual, principalmente de electrónica y otros materiales.
La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable señaló que mantener estos activos genera costos administrativos de resguardo y control, por lo que su depuración permitirá actualizar los registros patrimoniales. Además, el dictamen no detalla el valor total de los bienes ni la estimación de recuperación económica por su disposición final, aunque se establece que aquellos susceptibles de reutilización podrán ser reasignados a otras instituciones públicas.