Jonathan García / Palestra
San Luis Potosí escaló hasta el segundo lugar nacional en incidencia de ciberacoso entre personas usuarias de internet de 12 años y más, al registrar que el 26.9 por ciento de la población sufrió algún tipo de agresión digital, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025 del INEGI. La entidad únicamente es superada por Yucatán, con 29.7 por ciento, y se ubica por encima de Hidalgo, además de haber ascendido más de 20 posiciones en apenas un año.
El incremento ocurre en un contexto donde especialistas advierten la falta de una estrategia pública integral para prevenir y atender la violencia digital. Si bien en los últimos años el debate local se ha concentrado en la regulación de contenidos en redes sociales, consideran que siguen pendientes acciones permanentes enfocadas en la prevención del ciberacoso, particularmente entre adolescentes y jóvenes, quienes representan el sector con mayor exposición a las plataformas digitales.
A nivel nacional, el estudio del INEGI revela que el 61.1 por ciento de las víctimas desconoce la identidad de quien las agrede. Las principales vías utilizadas para cometer el ciberacoso son WhatsApp, Facebook y las llamadas telefónicas, factores que complican la identificación de los responsables y reducen las posibilidades de sanción.
El informe también documenta que las afectaciones trascienden el entorno digital. El enojo fue la principal consecuencia emocional reportada por las víctimas, seguida por la desconfianza, el estrés y el miedo. Pese a ello, la respuesta más común continúa siendo bloquear al agresor, mientras que la denuncia ante las autoridades permanece como una práctica poco frecuente.
Las cifras cobran mayor relevancia en San Luis Potosí al considerar que durante los primeros 59 días del año se contabilizaron 77 niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Ante este panorama, el MOCIBA plantea fortalecer la seguridad digital mediante campañas permanentes de alfabetización tecnológica, protocolos en escuelas y mecanismos de atención para menores de edad, con el fin de reducir una problemática que crece más rápido que la capacidad institucional para enfrentarla.