Jonathan García / Palestra
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona formalizó este jueves la iniciativa para derogar la denominada «Ley Serrano», reforma que desató una amplia polémica por los señalamientos de que podría representar un riesgo para la libertad de expresión. El documento fue entregado al Congreso del Estado, donde ahora iniciará el proceso legislativo para definir su eventual eliminación.
La propuesta fue recibida por la presidenta de la Directiva del Congreso local, Sara Rocha Medina, durante el Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, celebrado en Palacio de Gobierno. Ahí, el mandatario afirmó que la legislación vigente debe ser sustituida por un nuevo marco jurídico construido mediante el consenso entre autoridades, especialistas y sociedad civil.
«Quiero firmar la derogación de la mal llamada ‘Ley Serrano’ y empezar la construcción de una ley que nos permita a todos los potosinos defender la dignidad humana», expresó Gallardo, al sostener que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Agregó que cualquier regulación sobre inteligencia artificial debe garantizar la protección de la imagen, la voz, la propiedad intelectual y la dignidad humana, sin restringir el uso de estas tecnologías.
Al mismo evento asistió el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés, promovente de la reforma, quien defendió públicamente la iniciativa y asumió la responsabilidad de haberla impulsado. El legislador rechazó que la norma buscara limitar la libertad de expresión y aseguró que su intención fue abrir el debate sobre la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial para proteger los derechos de las personas.
Con la presentación formal de la iniciativa, será el Congreso del Estado el encargado de analizar la propuesta de derogación, definir la ruta legislativa y establecer los tiempos para su discusión y eventual votación. Paralelamente, el Ejecutivo estatal planteó abrir un proceso de consulta con periodistas, académicos, especialistas y organizaciones civiles para elaborar una nueva legislación sobre inteligencia artificial y derechos humanos.