Jonathan García / Palestra
Con siete votos a favor y ninguno en contra, la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó este lunes el dictamen que deroga las disposiciones del Código Penal de San Luis Potosí relacionadas con el uso indebido de la inteligencia artificial para provocar alarma social, reforma conocida como la «Ley Serrano». El proyecto será sometido a votación en una sesión extraordinaria del Pleno programada para el próximo jueves 30 de julio.
El dictamen reúne las cuatro iniciativas que fueron presentadas para eliminar estas disposiciones. Las propuestas fueron impulsadas por la organización Artículo 19 y periodistas potosinos; el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías; la diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres; y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quienes coincidieron en la necesidad de retirar del Código Penal los artículos cuestionados.
La presidenta de la Comisión Primera de Justicia, Leticia Vázquez Hernández, explicó que la reforma aprobada en comisión elimina el artículo 187 Ter y el Capítulo V denominado «Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social», que comprende los artículos 272, 272 Bis y 272 Ter. Aclaró que permanecen vigentes los artículos que sancionan la difusión ilícita de imágenes íntimas, por lo que esa conducta seguirá contemplada dentro del Código Penal.
La legisladora indicó que, una vez que el dictamen sea publicado en la Gaceta Parlamentaria, deberá transcurrir el plazo legal de 48 horas antes de ser discutido por el Pleno. Confió en que las y los diputados respalden la propuesta para concretar la derogación durante la sesión extraordinaria del próximo jueves.
Vázquez Hernández adelantó que la discusión sobre la inteligencia artificial no concluirá con esta derogación. Señaló que el Congreso prevé abrir, a partir de septiembre, un proceso de análisis con la participación de universidades, especialistas, organizaciones civiles y diversos sectores sociales, con el objetivo de construir una regulación integral que brinde certeza jurídica y respete los principios constitucionales.