Armando César Calderón V. / Palestra
El diputado federal Gibrán Ramírez Reyes cuestionó la situación política que atraviesa Sinaloa y sostuvo que existe un control político que, a su consideración, requiere una transformación profunda, al plantear incluso la posibilidad de transitar hacia una “desaparición de poderes” en la entidad.
Durante su visita a San Luis Potosí, donde participó en la presentación del Consejo Consultivo Pensando en México “San Luis Potosí”, el legislador se refirió particularmente al papel que, según afirmó, ha mantenido el senador -sin licencia, también señalado por EU de nexos delincuenciales como Rocha- Enrique Inzunza dentro de la política sinaloense.
“Durante muchos años en Sinaloa, Enrique Inzunza tuvo el control, de hecho lo sigue teniendo”, afirmó Ramírez.
El diputado también habló sobre la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura y señaló que el exmandatario habría sido obligado a solicitar nuevamente licencia después de su intento de reincorporarse al cargo. Además, cuestionó la llegada de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, a quien calificó como ‘Rochista’. Ramírez sostuvo que este tipo de prácticas reflejan problemas de autoritarismo que, afirmó, también pueden observarse en otras entidades del país, como Oaxaca y Michoacán.
«Lo obligaron a volver a solicitar licencia (Rubén Rocha Moya), y sin embargo, tuvieron que admitir que nombraran una gobernadora ‘Rochista’, no intermedia. Pero bueno, eso pasa en otros sitios de la República, ese tipo de autoritarismo, por ejemplo el estado de Oaxaca, un autoritarismo muy similar al que vive el estado de Michoacán, es contra lo que se debe luchar desde la política local», afirmó.
El legislador señaló que la discusión política nacional no debe limitarse a temas como la libertad de expresión o las reformas legislativas, pues consideró que existen problemas más profundos relacionados con la forma en que se ejerce el poder en los estados.
Sobre los señalamientos relacionados a grupos criminales, Ramírez Reyes sostuvo que el problema no se limita al narcotráfico, sino que incluye un conjunto de economías ilegales, entre ellas la extorsión y financiamiento de campañas electorales.
“Ese control territorial de los gobiernos que muchas veces lo que les permite es dar licencia a la extorsión, el financiamiento de campañas electorales, todo ese sistema de economía terminal y asociado al gobierno es lo que ha descompuesto buena parte de la vida pública del país”, concluyó.