Jonathan García / Palestra
Durante la administración de Ricardo Gallardo Cardona, 339 mil personas dejaron la condición de pobreza y San Luis Potosí captó más de 10 mil millones de dólares en inversiones, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, al comparecer ante el Congreso del Estado por la glosa del Quinto Informe.
El funcionario atribuyó los resultados sociales a una inversión de 67 mil millones de pesos en programas de apoyo. Entre ellos, mencionó Seguridad Alimentaria, que beneficia a más de 500 mil familias, y la Tarjeta Rosa, con 220 mil beneficiarias. También reportó apoyos escolares para más de 250 mil estudiantes y más de 400 mil pólizas de gastos médicos mayores para alumnos.
En el rubro económico, señaló que la entidad registró un crecimiento de 12.3 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y exportaciones cercanas a los 7 mil millones de dólares. Además, indicó que el Sifide ha colocado más de 5 mil millones de pesos en financiamiento para 43 mil emprendedores y pequeñas y medianas empresas.
En infraestructura, reportó una inversión superior a los 40 mil millones de pesos en caminos, carreteras, puentes y pavimentaciones. En seguridad, afirmó que el estado se encuentra entre las tres entidades más seguras del país y destacó la incorporación de más de mil 100 elementos a las corporaciones, así como salarios policiales que parten de los 23 mil pesos mensuales.
Torres Sánchez también informó que la Comisión Estatal de Búsqueda ha localizado a más de 2 mil 200 personas, con una efectividad superior al 80 por ciento, y que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas ha brindado servicios a más de 93 mil personas. Asimismo, señaló que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos acompaña actualmente a 37 personas.
Al presentar el balance ante legisladores, el secretario reconoció que aún existen retos en seguridad, diversificación económica y reducción de las desigualdades regionales. Por ello, llamó a mantener la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para dar continuidad a las acciones de gobierno.