Jonathan García / Palestra
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta uno de los señalamientos más severos en materia de transparencia financiera de los últimos años. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) reveló que la institución mantiene sin aclarar alrededor de mil 800 millones de pesos, correspondientes a recursos propios que no han sido auditados pese a reiterados requerimientos formales.
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del órgano fiscalizador, adelantó que 2026 marcará el inicio de procedimientos administrativos formales contra los funcionarios responsables del manejo presupuestal universitario, entre ellos el rector Alejandro Zermeño Guerra y el secretario de Finanzas. Ambos serían llamados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para responder por la negativa de entregar información contable.
El funcionario subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que la UASLP debe permitir la revisión de recursos autogenerados, criterio que —según dijo— se cumplió en administraciones anteriores, donde incluso se entregaron reportes completos y se solventaron observaciones menores. Sin embargo, lamentó que la actual rectoría haya sostenido una postura de resistencia absoluta.
“Hubo años en los que la Universidad sí abrió su documentación fiscal; ahora simplemente no. Y la consecuencia será particularizar responsabilidades”, señaló. El IFSE mantiene firme la ruta jurídica para acceder a los expedientes financieros que hasta ahora continúan bajo reserva interna.
De prosperar los procedimientos, las sanciones podrían ir desde multas económicas, amonestaciones públicas e incluso inhabilitaciones, dependiendo de lo que resuelva el TEJA una vez que se analicen las pruebas. Por lo pronto, el mensaje es claro: la exigencia de transparencia alcanzó a la máxima casa de estudios, y el próximo año será decisivo para definir el rumbo legal y administrativo que enfrentarán sus autoridades.