Palestra / San Luis Potosí
El Frente Cívico Potosino, la Alianza Empresarial Potosina, Ciudadanos hasta la Madre, Ciudadanos Observando y el Fente Ciudadano Anticorrupción, afirmaron que la suspensión definitiva decretada por el Juzgado Primero de Distrito a la declaratoria de municipalización de la Delegación de Villa de Pozos es un logro ciudadano. No porque haya sido resultado de un juicio de amparo promovido por una sola persona, o porque el grupo que la respalda sea reducido, deja de representar el hecho de que una autoridad jurisdiccional encontró indicios de violaciones al marco jurídico que deben ser valorados para hacer prevalecer el Estado de Derecho, sin el cual la convivencia social corre el riesgo de padecer abusos de autoridades que se empeñan en imponer sus caprichos, como ha demostrado recurrentemente el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, cuyas reacciones ante los reclamos ciudadanos escalan peligrosamente por su agresividad.
¿Desde cuándo una autoridad puede amenazar públicamente y presionar en privado a quien demanda legalidad por las vías institucionales y éstas la respaldan, como ocurre en el caso con la determinación del Juzgado Primero de Distrito?
Son repudiables y un atentado contra las instituciones democráticas y los derechos humanos y ciudadanos las declaraciones de José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, en las que anuncia “algunas denuncias penales por la falsedad en los hechos que bajo protesta de decir verdad estableció la quejosa”, además de afirmar que “no puede ser que una sola voluntad de una persona esté por encima de 36 mil voluntades (sic)”. No se confunda, ni trate de confundir a la población. Se les cuestiona por la ilegalidad de sus actos –incluidas ese tipo de declaraciones impropias de quien tiene la obligación de velar por la paz social en el Estado– y no el que sean depositarios del mandato que ganaron en la competencia por los votos en las elecciones de 2021.
Es preocupante que una funcionaria estatal haya obtenido de buena fe datos personales de la quejosa para que ahora los utilicen para presionarla y amedrentarla, en actos que rayan en la criminalidad y que al mismo tiempo exhiben su gran debilidad ante quien ejerce una auténtica ciudadanía: son incapaces de apegarse a la legalidad y actuar en el ámbito institucional. Quizá Gallardo Cardona haya logrado avasallar hasta la humillación a las instituciones estatales (especialmente al Congreso del Estado y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana), pero el mensaje que manda la suspensión definitiva decretada por el Juzgado Primero de Distrito es que los ciudadanos potosinos aún cuentan con las instituciones federales para aspirar a que la administración pública estatal se conduzca dentro del marco jurídico.
Responsabilizamos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y a todo su grupo de funcionarios y operadores, de cualquier daño personal o patrimonial del que puedan ser víctimas quienes han firmado amparos y juicios de protección de los derechos políticos del ciudadano (JDC) en contra de las ilegalidades en el procedimiento de municipalización de la Delegación de Villa de Pozos, especialmente en el caso de la compañera Fabiola Hernández, quien promovió el juicio de amparo 1282/2023, sobre el cual fue decretada la suspensión definitiva que impide la declaratoria del municipio 59.
Resulta irrelevante que seamos muchos o pocos quienes cuestionamos la ilegalidad de sus actos porque lo importante es que respeten el Estado de Derecho que, en sus protestas de Ley, se comprometieron a cumplir y hacer cumplir. Les exigimos que se apeguen a la legalidad en sus acciones, y se abstengan de recurrir a cualquier tipo de amenaza pública o acto de presión e intimidación en lo privado que perjudican gravemente la convivencia democrática en la que disentir y señalar fallas es un derecho fundamental que debe respetar todo aquel que aspira a construir una auténtica democracia.