Jonathan García / Palestra
Con la bancada de Morena totalmente en contra, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la reforma judicial local y la reforma electoral correspondiente para llevar a cabo su implementación.
De acuerdo con la aprobación, el proceso electoral para los cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial de San Luis Potosí iniciará el 2 de enero del 2025, con la finalidad de vislumbrar el ejercicio democrático el primer domingo de junio.
Ambos reformas fueron aprobados por las diputadas y diputados locales con 19 votos a favor, cero abstenciones y seis votos en contra. Siendo los legisladores morenistas (5) y congresista Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes no otorgaron el voto a favor.
La razón por el cual Morena no comparten el sentido del dictamen fue porque desde su consideración no se está observando lo que establece el artículo décimo primero del decreto que reforma la constitución federal en materia del Poder Judicial.
Ante esta resolución, el diputado Carlos Arreola Mallol expresó que una de los puntos donde no estuvieron de acuerdo los legisladores morenistas fue el periodo de jueces; en lo federal se propone seis años y en la reforma potosina son nueve años, ambas con posibilidades de reeleción.
«Son un par de ajustes en las que no coincidimos y en los que creemos que debe de ir diferente pero que bueno que se esté dando también la elección. Nosotros nos reservamos en ese punto algunas adecuaciones que para nosotros tienen que coincidir con la federal», declaró Carlos Arreola.
¿QUÉ INFORMÓ EL CONGRESO?
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría, en sesión ordinaria, reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en materia del Poder Judicial local.
De esta manera, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia a nivel nacional como un estado democrático, ya que en el 2025 elegirá a 15 magistrados, un Tribunal Unitario de Disciplina y 66 jueces de primera instancia, informó el diputado Carlos Arreola Mallol.
El dictamen se enviará a los 58 ayuntamientos para que, sus respectivos Cabildos como parte del constituyente reformador, lo aprueben; deberá tenerse la mitad más uno de aprobaciones.
Señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que será un trabajo arduo y amplio porque se va a adicionar y reformar una serie de leyes, no solamente es la Constitucional; “hemos considerado a todos los sectores, hemos considerado diversas voces y además aplaudimos que el Ejecutivo del Estado se suma también a esta causa del proyecto federal”.
Arreola Mallol destacó que se da cumplimiento del artículo octavo transitorio del decreto de que reformó diversas porciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde le otorgaba 180 días a las Legislaturas de los estados para hacer una adecuación a las normas constitucionales y a las leyes secundarias en materia del Poder Judicial.
Con base en el artículo 116 Constitucional y a la configuración legislativa que tiene este Congreso del Estado, se analizó la minuta de reforma constitucional y al mismo tiempo se propone un dictamen que recoge la esencia mayoritaria de lo que la reforma judicial a nivel federal propuso para análisis del Congreso del Estado.
El Consejo de la Judicatura del Estado, como pasó con el de la Federación, se transforma para crear dos órganos, un tribunal unitario en materia de disciplina judicial que tendría dos instancias, una investigadora y otra substanciadora para resolver la disciplina de los miembros del Poder Judicial del Estado.
Al mismo tiempo, la parte de organización, de administración y ejercicio del presupuesto pasaría a un órgano de administración judicial y se renovaría la totalidad de las magistraturas con los juzgadores de primera instancia, que es la esencia de la reforma, ahora serían por el voto popular y ya no como sucedía a propuesta del gobernador y ratificación del Congreso del Estado.
Eso le da mayor, de acuerdo a la reforma, una mayor proximidad a la ciudadanía para que, a través del voto libre, secreto y directo puedan también elegir a sus magistrados y a sus jueces.
Arreola Mallol expuso que “elaboramos un dictamen conjunto entre varias iniciativas que se tenían de reforma al Poder Judicial. Se toma en consideración la propuesta por el Ejecutivo de San Luis Potosí y es una reforma integral. Se logra consolidar la esencia principal que es la elección popular de magistrados, jueces y juezas en San Luis Potosí en el 2025”.
GUAJARDO DA MÁS DETALLES
Por mayoría, el pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que modifica diversas disposiciones de las leyes Electoral del Estado y de Justicia Electoral para el Estado de San Luis Potosí, para armonizar las leyes secundarias con las reformas constitucionales y legales, aplicables al Poder Judicial del Estado, con el propósito de procurar coherencia y uniformidad en dichas disposiciones.
El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, explicó que con estas armonizaciones, se contará con el sistema de elección directa de los jueces, juezas, magistrados y magistradas del Estado, bajo el principio de legitimidad democrática y rendición de cuentas.
Se establece que las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, serán los magistrados, magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado o magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial y los jueces y juezas de primera instancia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.
Las elecciones de personas juzgadoras tendrán verificativo el primer domingo de junio de cada seis años para el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial, de cada nueve años para el cargo de jueces y juezas de primera instancia y de cada doce años para el cargo de magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia.
Los jueces y juezas de primera instancia durarán nueve años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por una única ocasión, la persona magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial durará en el ejercicio de su encargo seis años sin posibilidad de reelección, y los magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, durarán en el ejercicio de su encargo doce años sin posibilidad de reelección
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, será la autoridad responsable de la organización del proceso electivo, su jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales del proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado.
Además, establece la creación de un Comité de Evaluación que será el encargado de emitir la convocatoria dirigida a profesionales del derecho en el Estado de San Luis Potosí, interesados en participar en la evaluación y selección de postulaciones para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado y deberá señalar los cargos a elegir, requisitos, documentos para acreditarlos y el ámbito territorial que corresponda y fechas de cumplimiento, debiendo dar amplia difusión en todo el Estado.
Se indica que con las armonizaciones al marco electoral estatal, se fortalecerá el Estado de Derecho y la independencia judicial, aumentando la credibilidad del sistema judicial ante la ciudadanía potosina, y al ser las personas juzgadoras emanadas y electas por voto directo, aumentará la imparcialidad y transparencia, lo cual, busca combatir la corrupción, haciendo más accesible la impartición de justicia.
Con estas adecuaciones los ordenamientos estatales, se pretende reorganizar el sistema judicial, para que verdaderamente exista independencia judicial, y armonizar la Ley Electoral del Estado respecto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución General, para que las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, sean las que resulten de un proceso de elección por voto directo, siendo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la autoridad responsable de la organización de dicho proceso electivo.
Se indica que con esta reforma se brindará una verdadera independencia y autonomía del Poder Judicial, a través de un proceso de elección más transparente y cercano, a las y los justiciables.
Este proceso electivo de personas juzgadoras, brindará un acercamiento con la ciudadanía, contribuirá al aumento en la participación ciudadana y a su involucramiento en el sistema judicial, pues implica que todos los Poderes del Estado asuman responsabilidad frente a las y los ciudadanos, que todos sean sometidos a la rendición de cuentas y evaluación de su ética e integridad, lo que al final traerá como resultado mayor confianza en las decisiones judiciales.