Con 24 años de diferencia, el expresidente Felipe Calderón y Joaquín El Chapo Guzmán coincidieron en señalar los presuntos vínculos del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con la organización criminal de los hermanos Arellano Félix.
Primero, en junio de 1993, Guzmán Loera señaló de manera directa al entonces gobernador Ernesto Ruffo de mantener nexos estrechos y otorgar protección oficial a los Arellano Félix.
Así se da cuenta en las declaraciones ministeriales oficiales correspondientes a la primera captura del narcotraficante, en poder de EL UNIVERSAL.
De acuerdo con el expediente AR1132/93 de la Procuraduría General de la República (PGR), Guzmán Loera afirmó que la llegada de la oposición a la gubernatura de Baja California no desmanteló las estructuras de corrupción que ya existían.
El Chapo calificó a Ruffo Appel como el claro ejemplo de que un cambio de partido en el poder no alteraba las redes de complicidad institucional con el narcotráfico.
“A los hermanos Arellano Félix los protege el gobernador y el procurador de Baja California”, fue la declaración explícita del capo.
El pasado 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó un tuit publicado por el expresidente Felipe Calderón en 2017, en donde el propio exmandatario vinculó a Ruffo Appel con los Arellano Félix.
“RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”, señala el tuit del 10 de octubre de 2017.
Sheinbaum Pardo aseguró que la publicación deja en evidencia un “doble discurso” y una contradicción en las posturas del expresidente, luego de que tras la captura del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, por su presunta complicidad con una red de contrabando de combustible (huachicol fiscal), Felipe Calderón salió públicamente en su defensa, acusando al gobierno de persecución política.
“Hablando de la guerra contra el narco, ¿por qué no pones las publicaciones de Calderón en 2017 con relación a un caso 10 del 10 del 17? Eso pensaba. Oiga, me recordaba Jesús que había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no? Diciendo puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia”, dijo.
Los nexos descritos por Guzmán Loera no eran únicamente de omisión política, sino de carácter empresarial y familiar.
El detenido testificó que un hermano del mandatario estatal, Roberto Ruffo, era socio directo de Benjamín y Ramón Arellano Félix, y operaba activamente negocios de constructoras y cadenas de farmacias en la ciudad fronteriza de Tijuana en colusión absoluta con los líderes del Cártel de Tijuana.
“Que el declarante quiere agregar que sí está enterado de que el hermano del gobernador del estado de Baja California Norte, al parecer de nombre Roberto Ruffo Appel, es socio de una constructora propia de los hermanos Arellano Félix, y que esto le consta porque así se lo contaron los propios hermanos, inclusive, estaban edificando muchas casas en Guadalajara, Jalisco, en un fraccionamiento denominado Puerta de Hierro, porque incluso le ofreció en venta algunas casas”, expresó.
Sobre la cadena de farmacias, agregó: “Que en las farmacias que tienen los Arellano Félix en Tijuana también figura como socio el hermano del gobernador, y que hace año y medio cuando el de la voz y Benjamín tenían una muy buena amistad, le comentaba que había una gran amistad con el gobernador Ruffo Appel”.
El expediente señala que, bajo el amparo del gobierno local, los sicarios y escoltas al servicio de los Arellano Félix portaban credenciales oficiales vigentes de la Policía Judicial del Estado de Baja California que los acreditaban falsamente como agentes del orden.
“Inclusive, Benjamín le ofreció al declarante que si quería algunas credenciales de la judicial de Baja California se las puede conseguir con el procurador, ya que con este también existe una gran amistad con los Arellano Félix. Es más, al declarante le mostró en ese entonces una credencial de la judicial estatal con el cargo de comandante y fue cuando le ofreció que le podía conseguir una, pero el de la voz se negó”, señala el expediente.
El Chapo detalló que el propio Benjamín Arellano Félix gozaba de tal impunidad que viajaba con oficios de comisión autorizados y sellados por las jefaturas policiacas de Baja California, e incluso intentó venderle credenciales de la corporación estatal para facilitarle el libre tránsito por la región norte.
“Que además de la credencial que portaba Benjamín, también tenía un oficio de comisión dirigido al director de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, por lo que Benjamín llevó ese documento para que se lo sellaran, y en ese oficio efectivamente aparecía el sello de la Policía Judicial estatal; que de lo que se pudo percatar fue que cuando estaba con los hermanos Arellano Félix éstos le ordenaban a sus ayudantes que se comunicaran con algún comandante de la judicial estatal”.
La confesión del capo sinaloense provocó que años más tarde, en el ámbito legislativo, se exigieran investigaciones formales en contra de la administración del exgobernador por presunto enriquecimiento ilícito y protección a la banda criminal de Tijuana, marcando un precedente clave en el estudio de la penetración de los cárteles en los gobiernos estatales.